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La reacción institucional: jueces y fiscales amenazan con huelga ante el colapso del Estado de derecho   la justicia dice “basta” La justicia en España ha dicho basta. Jueces y fiscales están tan hartos que ya amenazan con ir a la huelga. ¿El motivo? Denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez está metiendo las manos en los tribunales para protegerse y atacar a quienes le molestan. Desde hace semanas se habla de una “cloaca” montada desde dentro del PSOE. Una red de políticos, fiscales, guardias civiles e incluso periodistas que habría servido para tapar casos de corrupción que salpican al presidente, su mujer y su entorno. Y no solo eso: también para destruir la carrera de jueces y fiscales que se atreven a investigar. Ante esto, parte de la justicia ha empezado a moverse. Muchos jueces y fiscales están cansados de aguantar presiones, insultos y trampas. Por eso ya se organizan y avisan: si esto sigue así, pararán el sistema judicial. Este aviso no es solo un berrinche. Es un grito de alerta. Si se rompe la justicia, se rompe la democracia. ¿Qué está pasando? Origen del escándalo Todo este lío empieza con una trama que muchos ya llaman “la cloaca del PSOE”. ¿Qué significa eso? Que dentro del propio Gobierno, según varias investigaciones, se habría montado una red para espiar, chantajear y manipular a jueces, empresarios y periodistas. ¿El objetivo? Proteger a Pedro Sánchez y hundir a quienes puedan hacerle daño político o judicial. Una de las personas clave en esta historia es Leire Díez, una militante del PSOE que, según las grabaciones reveladas por Libertad Digital, habría trabajado directamente para montar este sistema sucio. Aunque el partido la presenta como alguien sin importancia, hay fotos, cargos públicos y hasta mensajes en redes sociales que demuestran que tenía acceso directo a Sánchez y su círculo. Junto a ella, aparecen otros nombres importantes: Santos Cerdán, número dos del PSOE, señalado como coordinador político de esta red; Coldo García, implicado en otras tramas de corrupción; y Javier Pérez Dolset, un empresario que habría ayudado a montar la parte más técnica del espionaje. Según los audios y documentos filtrados, esta cloaca no solo intentaba proteger a Sánchez en casos como el de su mujer, Begoña Gómez, sino también destruir a quienes investigaban esos asuntos: jueces, fiscales, guardias civiles y hasta medios de comunicación independientes. En resumen: lo que empezó como un escándalo más de corrupción, se está convirtiendo en un problema muy serio de manipulación del sistema democrático. La infiltración en la justicia Uno de los aspectos más graves del escándalo es cómo, según las investigaciones, se ha intentado usar la justicia como si fuera una herramienta del Gobierno. Lo que tendría que ser independiente —los jueces y los fiscales— se ha visto presionado, vigilado y, en algunos casos, manipulado. Por ejemplo, se habla de órdenes dadas a fiscales para que cerraran acuerdos antes de tiempo, incluso antes de que llegaran los documentos oficiales. También hay denuncias de ataques a jueces que estaban investigando casos que afectaban al entorno de Pedro Sánchez. Uno de los casos más claros es el de la jueza Vietma, que empezó a sufrir presiones justo después de que se conociera que investigaba al hermano del presidente. Los fiscales y jueces están empezando a hablar. Muchos ya no pueden más. Dicen que lo que está ocurriendo pone en peligro la independencia judicial, que es uno de los pilares básicos de cualquier democracia. Sin jueces libres, no hay justicia. Y sin justicia, no hay democracia. Además, la figura del Fiscal General del Estado, que debería proteger la neutralidad del sistema, está completamente señalada por no haber hecho nada frente a estos abusos. Esto ha sido la gota que colma el vaso. Por eso, ahora muchos jueces y fiscales están dispuestos a algo que rara vez ocurre en España: irse a la huelga para defender su independencia y decirle al Gobierno que así no se puede seguir. La reacción del poder judicial Hasta ahora, jueces y fiscales habían aguantado en silencio. Pero la situación ha llegado tan lejos que empiezan a plantarse. Están organizando protestas, concentraciones y, lo más importante, una posible huelga judicial. Lo que están diciendo es claro: no pueden seguir trabajando mientras el Gobierno intenta controlar los tribunales. Denuncian presiones, amenazas y maniobras políticas para frenar investigaciones, cambiar fiscales y debilitar a los jueces que no se dejan manipular. Algunos de ellos ya hablan de estar viviendo una auténtica caza de brujas. Se sienten atacados solo por hacer su trabajo. Según contaron en el programa de Libertad Digital, hay magistrados que reciben presiones cuando un caso toca a personas del entorno de Sánchez, y fiscales que son apartados si no se pliegan a las órdenes políticas. Esto ha generado un fuerte malestar en todo el sistema judicial. Aunque todavía no hay una fecha definitiva, ya se habla de un paro general del sector, algo muy poco habitual y que muestra lo grave de la situación. Esta reacción no es por sueldos ni por mejoras laborales. Es una protesta para defender el Estado de derecho, la independencia de la justicia y los derechos de todos los ciudadanos. La dimensión política del conflicto Este escándalo no es solo un problema judicial. Es un problema político muy grave. Lo que denuncian jueces, fiscales y periodistas independientes es que el Gobierno de Pedro Sánchez habría usado el poder del Estado para protegerse a sí mismo y para atacar a sus rivales. Según lo revelado por Libertad Digital, esta «cloaca del PSOE» no actuaba por su cuenta. Tenía conexiones directas con altos cargos del partido, como Santos Cerdán, número dos de Sánchez. También aparecen nombres implicados en otras tramas de corrupción: Begoña Gómez, Coldo García, José Luis Ábalos, entre otros. Las tácticas, según las grabaciones y testimonios, incluían chantajes a empresarios, presiones a jueces, manipulación de fiscales y uso de fondos públicos para colocar a personas afines en puestos clave. Todo esto con un objetivo claro: tapar escándalos y seguir en

  La bomba lapa, ¿Error por el clicbait o una perfecta sinfonía en favor del gobierno? Cuando tu propio bulo te estalla en contra   El escándalo de la bomba lapa Hace poco estalló un escándalo en los medios de comunicación de España que parecía sacado de una película. Según varios titulares, un capitán de la Guardia Civil, que antes trabajaba en la unidad especial UCO y ahora trabaja para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, supuestamente había dicho en un mensaje que quería ponerle una bomba lapa al coche del presidente Pedro Sánchez. ¿Una bomba? ¿Un atentado? La noticia corrió como la pólvora. Apareció en televisiones, radios, periódicos y redes sociales. Los programas hablaban de “odio”, de “violencia”, de “golpismo”. Algunos políticos hasta pidieron que echaran al capitán de su puesto. Se hablaba de él como si fuese un terrorista. Pero luego pasó algo: no era verdad. Días después, algunos periodistas y medios más serios revisaron el mensaje completo y se dieron cuenta de que el capitán no estaba hablando de poner una bomba a Sánchez, sino bromeando, en un chat privado, con que el gobierno podría ponérsela a él por investigar la corrupción. Es decir, se refería a sí mismo, no al presidente. Pero esa parte del mensaje fue recortada y sacada de contexto. Entonces la pregunta es clara: ¿Fue todo esto un simple error de interpretación, un “fallo de lectura” como han dicho algunos? ¿O fue una jugada bien pensada para hacer daño político usando los medios de comunicación como altavoz? Este artículo va a repasar todo lo que ocurrió, quién dijo qué, quién se equivocó, quién manipuló, y sobre todo, qué significa todo esto para el periodismo, la política y la verdad en España. Cronología del bulo: Del WhatsApp al titular Todo empezó con unos mensajes de WhatsApp entre un excapitán de la UCO (una unidad de élite de la Guardia Civil) llamado Juan Vicente Bonilla y un confidente suyo, un empresario. Eran charlas privadas, como las que podrías tener tú con un colega rajando del gobierno. En una de esas conversaciones, Bonilla, hablando de las consecuencias que podría tener su trabajo como investigador de corrupción, bromeó diciendo algo así como:“Por hacer esto, o me dan una medalla… o me ponen una bomba lapa… o me manda un sicario venezolano.” Era sarcasmo. Estaba diciendo que el gobierno, en vez de premiarlo, podría acabar haciéndolo desaparecer. Pero nadie en ese mensaje habla de ponerle una bomba al presidente Pedro Sánchez. Todo lo contrario: hablaban de que a Bonilla le podrían hacer algo por lo que estaba investigando. Pero entonces, el medio digital elplural.com sacó parte de esa conversación… y cortó justo la parte clave. Publicaron una versión recortada donde parecía que Bonilla y su confidente estaban fantaseando con atentar contra Sánchez. El titular decía que Bonilla “soñaba con poner una bomba lapa al presidente”. Desde ahí, la historia explotó. Medios grandes como eldiario.es, Público, TVE, La Sexta y muchos más repitieron la noticia sin verificar nada. Algunos incluso editaron imágenes del chat para borrar las partes que cambiaban por completo el sentido del mensaje. Otros hablaron del tema en televisión como si se tratara de una amenaza real de terrorismo. Durante varios días, políticos del PSOE y otras formaciones hablaron en público como si la historia fuera cierta. Pedían dimisiones, hablaban de “odio”, de “discursos peligrosos” y hasta de “fantasías golpistas”. Pero todo era mentira. Un bulo. Una historia basada en un mensaje descontextualizado. Cuando The Objective, otro medio digital, publicó la conversación completa, se descubrió el pastel. El mensaje había sido manipulado a propósito o con una gran torpeza, pero ya era tarde: el daño ya estaba hecho. El escándalo ya había llenado portadas, tertulias y redes sociales. ¿Error humano o manipulación intencionada? Cuando se descubrió que todo era falso, muchos medios salieron diciendo que había sido un “error de comprensión lectora”. Que no se habían dado cuenta del contexto. Que publicaron lo que creían que decía, pero que no lo habían revisado bien.¿De verdad? Pensemos un momento:¿Es creíble que periodistas profesionales, con acceso al sumario completo y a los mensajes originales, no supieran lo que decía realmente?¿O es más probable que sí lo sabían, pero decidieron contarlo de otra manera para hacer ruido, crear escándalo y dañar políticamente? Hay detalles que hacen dudar mucho de la versión del “error inocente”: Cortaron partes del mensaje original en las capturas que mostraron en televisión. Justo las partes que dejaban claro que Bonilla hablaba de sí mismo, no de Pedro Sánchez. Titularon con frases falsas como “Quería poner una bomba a Sánchez”, cuando eso nunca se dijo. Algunos periodistas y medios no rectificaron nada, y otros lo hicieron tarde, en pequeños cambios sin pedir perdón. Incluso cuando ya se sabía la verdad, hubo políticos y presentadores que siguieron hablando como si fuera cierto. Por eso, mucha gente ya no se cree que esto haya sido un simple error. Demasiada coincidencia, demasiado bien coordinado. Parecía más bien una jugada de manual: lanzar una bomba mediática, repetirla en todos los medios afines, y luego, si se descubre el bulo, minimizarlo o echarle la culpa a otro. Y lo más grave: mientras los medios jugaban con esto, la reputación de una persona fue destrozada. Y se sembró el miedo, el odio y la confusión en la sociedad. Todo por una noticia falsa. Así que la pregunta sigue en el aire:¿Fue un despiste? ¿O fue una jugada calculada, con guion y reparto incluidos? Recogida de cable: Rectificaciones tardías Cuando ya no quedaba otra, algunos medios tuvieron que recular. Después de haber lanzado titulares explosivos, muchos empezaron a borrar tuits, cambiar titulares y modificar artículos. Pero lo hicieron en silencio, sin pedir perdón, y sobre todo, cuando el daño ya estaba hecho. Por ejemplo: El medio eldiario.es cambió su titular original (“Un capitán de la UCO dijo que había que poner una bomba lapa a Sánchez”) por uno más suave: “Los ataques al gobierno de un capitán de la UCO…”. Televisión Española